Antonio Santamaría: Lengua propia, cultura impropia (y 2)
Los objetivos finales
Casi al mismo tiempo que se publicaba este diagnóstico pesimista, algo teñido de victimismo nacionalista, veía la luz la opera prima de Albert Branchadell: La normalitat improbable. Un libro imprescindible para el que quiera conocer los objetivos últimos de la política de Normalizació Lingüística (NL).
El joven filológo pretende llegar al fondo de la cuestión en el debate «entre els que sostenen que el català està amenaqat dextinció i els qui creuen que té la vida assegurada». Para ello es preciso realizar una clarificación terminológica y doctrinal. El problema esencial no es si «el català desapareixera o no, sinó més aviat si es normalitzarà o no, amb el benentès (bienentendido) que només (sólo) una normalització completa pot (puede) assegurar-li la supervivència».(13)
¿Qué quiere decir normalizar? ¿Cuál es el objetivo último de la normalización? Éstas son las cuestiones que el autor se propone dilucidar. Para ello es necesario operar una triple dis- tinción concep tual en torno a los tres objetivos de la normal ización: mínimo, débil y fuerte. Los dos primer os aseguran la preeminencia del catalán como « llengua propia de les institu- cions privades i públiques» y que todos los que lo deseen pued an «viure (vivir) en català». El tercero «es qu e a Catalunya tots els ciutadans visquin (vivan ) efectivament en català».
El significado de la vaporosa noción «viure en català» no es explicitado, aunque se intuye que se trata de que se pueda realizar una vida «normal» en el Principado sin tener que to- parse ni con prensa, películas, rótulos, carteles, etiquetas en castellano. Branchadell no se arredra ante las consecuencias lógicas de esta elección que «serien la desaparició duna comu- nitat lingüística a Catalunya». La presencia de esta comunidad es «laspecte que més sevita en els debats públics» y «una de les premisses de la política cultural catalana». Branchadell reconoce que esta comunidad tiene «uns drets lingüístics que shan de respectar», para añadir inmediatamente que la meta a alcanzar es una situación en la que «el català fos la llengua comuna de la població, en la qual no hi hagués (no hayan) ciutadans dexpressió castellana, ni per tant drets lingüístics individuals a respectar». El objetivo de la normalización es, pues, «el monolingüisme català», y en esto la Generalitat debería hablar claro. Su ambigüedad esta haciendo un daño enorme a los que luchan consecuentemente por el éxito de esta empresa. La solución de Branchadell implica
necesariamente «l'assimilació dels grups no catalanoparlants per mitja (por medio) dun proces que la sociolingüística anomena) (denomina) la substitució lingüística». La técnica educativa a emplear es la inmersión.
Desde estos presupuestos el filólogo se enfrenta, en la segunda parte del ensayo, a los problemas para conseguir el objetivo normalizador fuerte, que son fundamentalmente la falta de voluntad política explícita del gobierno autonómico y la indiferencia con que el conjunto de la población de Cataluña contempla «el procés de normalització». Estos escollos son tan formidables, concluye, que la normalización, en el sentido de monolingüe, es altamente improbable. El libro finaliza dejando dos inquietantes preguntas en el aire: «Fins a on volem arribar (hasta dónde queremos llegar) realment? Què estem disposats a fer (dispuestos a hacer) per aconseguir-ho?».
Contra la llengua pròpia Sin embargo, es el mismo Branchadell quien en su segundo ensayo, Liberalisme i Normalització Lingüística procede a desmontar, desde dentro, el andamiaje ideológico de este concepto. La finalidad del trabajo es conciliar el liberalismo, entendido como la filosofía político-moral imperante, con «el sistema lingüístico-escolar vigente» en Cataluña, del que se muestra totalmente partidario.
El problema reside en armonizar esta práctica educativa con las doctrinas de fi1ósofos liberales como, J. Rawls, R. Dworkin y W. Kymlicka e indagar si la política de Normaliza- ción Lingüística es conciliable con los grandes principios del liberalismo que Branchadell resume en: prioridad moral de los individuos («només els individus són subjectes de dret»), igualdad, autonomía y libertad.
Además, apoyándose en Dwkorkin, se desmenuza el concepto de «discriminación positiva» para establecer si este se adapta a la NL. La discriminación positiva, por definición in- terna, es transitoria. Se trata de la única excepción admitida por el liberalismo al principio de igualdad. Cuando las condiciones sociales y culturales de ciertos grupos sociales son de partida desiguales, los poderes públicos están obligados a implementar disposiciones normativas para reequilibrar esta posición discriminatoria de partida. Cuando la desigualdad haya desaparecido, también desaparecerán las medidas de discriminación positiva que son siempre transitorias. Ahora bien, la política lingüística de la Generalitat no es transitoria, sino permanente, no busca reequilibrar la situación desigual de partida del catalán sino el establecimiento definitivo del modelo monolingüe; por tanto, concluye Branchadell, la política de NL no puede ser contemplada como una aplicación específica de este principio liberal.
Branchadell reconstruye los argumentos de los detractores de la política lingüística de la Generalitat ejemplificados por Iván Tubau, Jiménez Losantos, Manuel Jardón, Miguel Pla- tón, el ABC, la Asociación por la Tolerancia y hasta la Real Academia Española». (14)
Estos argumentos se resumen en cuatro puntos:
-El sistema escolar vigente en Cataluña viola el derecho de elección de la enseñanza en la lengua materna del niño.
-La inmersión, desde el punto de vista psicológico y pedagógico, resulta perjudicial para los niños castellanoparlantes.
-La finalidad de la inmersión es la asimilación cultural.
-Los fundamentos ideológicos de la Normalización Lingüística: el concepto de llengua pròpia, que se apoya en unos supuestos «derechos colectivos» del pueblo catalán son inaceptables según el principio liberal de prioridad moral de los individuos y el de igualdad.
Branchadell da la razón a los críticos solo en el primero y cuarto punto.
Respecto a la primera cuestión, el pronunciamiento no puede ser mas claro: «Les persones que trien (escogen) el primer ensenyament en castellà són objecte dun tracte desigual que no es pot (no se puede) justificar amb largument que la llengua catalana, per la seva (por su) situació dinferioritat social, és objecte de discriminació positiva» (p. 136).
En el segundo punto, sobre si la inmersión es perjudicial para los niños, se despachan las opiniones de Maria Pla, catedrática de didáctica de la UB, la de Anna Permanyer, psicóloga infantil, y su colega Juan Miguel Pipó, arguyendo que sus puntos de vista no tienen ningún valor y no demuestran nada porque no están avalados por ningún estudio científico serio.
Segun Pla, «la inmersión es una barbaridad porque destruye el lenguaje afectivo del niño de habla castellana, porque obstaculiza el aprendizaje correcto de las dos lenguas y porque dificulta los conocimientos científicos que se han de obtener a esa edad». Permanyer: «los niños, en las escuelas con inmersión forzosa de Barcelona () han bajado sus coeficientes de RV y RA (razonamiento verbal y abstracto, respectivamente) hasta extremos alarmantes, debido a la obligación del uso del catalán exclusivamente», observación avalada por Pipó»(15).
En torno a esta delicada cuestión los contraargumentos de Branchadell, los estudios científicos reclamados y en los que se apoya para resaltar la inocuidad pedagógica de la inmer- sión, resultan ser los trabajos de los propios ingenieros de la inmersión, el SEDEC, comandados por Joaquim Arenas.
«Els homes i dones (mujeres) del SEDEC Formen part duna petita gran familia, i se senten units en el seu paper davantguarda en lextensió de lensenyament en català a tots els racons (rincones) del país, fins i tot els aparentment mes hostils des del punt de vista sociolingüístic. Són, des daquest punt de vista, la primera línia de batalla del procés de normalització lingüística. En expressió dun alt responsable de la conselleria: ells són a les trinxeres. (16)
Sería extraño que los máximos impulsores de un proyecto editasen informes contrarios al núcleo de su política.
El tercer punto, el relativo a que la inmersión es un instrumento para la asimilación cultural de los de «fuera», Branchadell despliega un ingenioso y muy documentado dispositivo jurídico, digno de mejor causa, para demostrar que los castellanoparlantes no son una mi- noria lingüística en Cataluña, i ni tienen ningún derecho a recibir la enseñanza en su lengua materna (???). Además, Constitución y Estatuto en mano, las leyes obligan a que el sistema de enseñanza asegure el conocimiento de las dos lenguas oficiales de todos los alumnos. Los adversarios de la normalización no deben buscar motivos inconfesables en la inmersión que, en ningún caso busca la asimilación cultural.
Aquí la crítica a Branchadell se articula en torno a dos ejes: primero, la típica confusión liberal entre formalidad (legalidad) y realidad social; que la ley salvaguarde unos derechos, como por ejemplo al trabajo, a la vivienda, a la enseñanza en lengua materna no quiere decir que los ciudadanos en la realidad social los disfruten efectivamente; segundo, la negación del objetivo asimilacionista de la inmersión se contradice, punto por punto, con sus propias conclusiones de su primer libro, La normalitat improbabe, donde, como hemos visto, se plantea el objetivo de la sustitución lingüística y la desaparición de la comunidad castellanoparlante: una descripción notable del proceso asimilador mismo. 0 Branchadell nos engaña en su primera obra o, ahora, descubriendo que estas tesis lo apartan definitivamente de los principios del liberalismo que reclama, prefiere instalarse en el ejercicio de una especie de doble pensar.
El efecto bumerán
La clave de estas contradicciones y el núcleo de su critica del concepto de llengua pròpia está en su análisis del peligroso proceso de reversibilidad que ha sufrido el uso nacionalista de conceptos como «lengua materna» o «diglosia» que, invocados en defensa del catalán, se vuelven en contra de sus defensores. Este efecto bumerang afectara tarde o temprano al concepto de llengua pròpia, con lo cual el pobre discurso ideológico de la Normalización se hundiría; por tanto deben buscarse en otra parte las claves de un discurso alternativo que justifique las prácticas institucionales vigentes.
Si la justificación del actual modelo monolingüe en enseñanza es que los niños catalanoparlantes aprendan en su lengua materna, un derecho humano reconocido por la ONU y la UNESCO, ¿por que los niños castellanoparlantes no han de disfrutar de estos mismos derechos?
Si el catalán sufrió un deliberado proceso de disglosia, para hacerlo desaparecer como lengua culta, si se intentó la sustitución lingüística, ¿no está sucediendo lo mismo con el castellano en todas las áreas de competencia de la Generalitat?
No es menos cierto que desde muchos sectores, desde el PP y el PSC hasta el mismo Angel Colom, están reclamando para el castellano el estatuto de lengua propia de Cataluña, cosa que de aceptarse «acabaria amb el (poc) discurs ideològic que justifica la normalització del català».
Frente a estas difíciles interrogaciones, Branchadell propone abandonar el paisaje conceptual nacionalista y, en particular, rechazar el concepto de llengua pròpia. La fundamenta- ción ideológica de la NL debe efectuarse desde otro horizonte teórico que permita la conciliación con los grandes principios éticos del liberalismo.
«El català no sha de normalitzar perquè sigui el nervi de la nació, sinó perquè és la llengua de 1individu, el motor de la normalització no hauria de ser la reconstrucció nacional (ni cap fita (ni ningún objetivo) patriòtica), sinó la protecció dels drets indiviudals dels catalans». El discurso debe reorientarse y la justificación de la NL ha de ser la consideración de los catalanoparlantes como una «minoría lingüística» dentro de España. Esta tesis se concilia perfectamente con el liberalismo y se ajusta a los criterios de la ONU y de la UNESCO. Además, esta argumentación permite un margen de maniobra política e ideológica suplementaria, para que si alguna vez gobiernan en la Generalitat Fuerzas no nacionalistas no se modifique por ello 1a actual política lingüística. El concepto de llengua pròpia o territorial es difícilmente aceptable para los no nacionalistas.
Ahora bien, la propuesta de Branchadell no consigue resolver algunas de las cuestiones fundamentales por el mismo planteadas. Según el autor, los castellanoparlantes en Catalu- ña no dispondrían de estos derechos porque formarían parte de un Estado y de una comunidad lingüística mayoritaria. Sólo si Cataluña fuese independiente, con un Estado propio, podrían los castellanoparlantes constituirse en minoría lingüística y reclamar sus derechos. Sin embargo, Branchadell reconoce que los alumnos que eligen la educación en castellano, y que han de pasar por el humillante tramite de la «enseñanza personalizada», padecen una situación de flagrante desigualdad que no es conciliable de ninguna manera con los principios liberales. Ni siquiera el modelo de Quebec es tan riguroso, pues aunque la única lengua oficial del territorio es el francés, la minoría anglófona (apenas 20% de la población) tiene el derecho a recibir la enseñanza en su lengua materna.
Un modelo lingüístico democrático
El concepto de lengua propia, superlegimitador ideológico de la política lingüístico-educativa vigente, no posee, desde el punto de vista de un análisis teórico mínimamente riguroso, ninguna fundamentación racional. De ahí la importancia del aviso de Branchadell: si se quiere justificar una política lingüística que vulnera los derechos de la mitad de la población del territorio, debe hallarse una justificación más sofisticada que el recurso al extraño concepto de Llengua pròpia, que además resulta incompatible con los principios de la mí- nima moralia liberal.
Las derivaciones ideológicas más palmarias de este concepto, como observa Jesús Royo, son muy peligrosas. Su certera traducción como la lengua de los propietarios del territorio se une a su uso como selector social. Las diferencias sociales son subrayadas por la lengua, que se constituye en una barrera cultural para la participación de la clase obrera en la vida pública, que queda reservada a los que hablan catalán. Si en la época de la gran emigración de los 60 se acunó la consigna: «catalán es el que vive y trabaja en Cataluña», una curiosa fórmula que deriva de la situación laboral, la ciudadanía plena, las altas tasas de paro y precariedad laboral actuales la han invalidado, pues ¿qué pasa con el que reside pero no en- cuentra trabajo en Cataluña? Quizás para sortear este escollo, y también para reservar ciertos puestos de trabajo para las clases medias autóctonas, parece querer imponerse la siguiente máxima «catalán es el que habla catalán». Ahora, con una enseñanza exclusivamente en catalán, no sirven las excusas del franquismo y quien no lo habla es porque no le da la gana. La situación social en el Principado, como mostró el sociólogo James Petras en su trabajo sobre el mercado laboral español»(17) realizado en el cinturón industrial de Barcelona, que presenta «los niveles de desempleo y paro juvenil más altos de Europa Occidental y Norteamerica», es el telón de fondo donde se desarrolla la normalización. Si a esto le unimos el elevado porcentaje de fracaso escolar que alcanza, en estos barrios, a mas del 30% de sus habitantes, se configura un escenario de exclusión social en el que la lengua propia aporta el ingrediente de la segregación cultural y alimenta un efecto perverso: los jóvenes desempleados de los barrios de la emigración, nacidos en Cataluña, se aferran a su lengua como uno de los pocos signos de identidad, y de hecho. practican una resistencia sorda y tenaz frente a la política asimilacionista de la Generalitat.
Para las clases medias autóctonas, la función de la lengua propia como signo superidentidario de la Nación les sumerge en un universo ideológico extremadamente conservador que a veces recuerda a los defensores de la nobleza de sangre (aquí de apellidos), anterior a la Revolución Francesa, que ciertos ideólogos del nacionalismo empiezan a ver como el origen de todos los males. Además proporciona un elemento de «radicalidad» en torno al objetivo de la Independencia política, que ejerce sobre la pequeña- burguesía una enorme fascinación, separando a estos estratos de cualquier alianza con la clase obrera, como ocurrió con el PSUC, pues ahora estos sectores son considerados por el nacionalismo como una especie de quinta columna del españolismo.
¿Cuánto tiempo podrá ser silenciado el carácter irracional y reaccionario del concepto de llengua pròpia, único legitimador de la política lingüística en vigor? No será un efecto inme- diato, sino mas bien retardado que, lenta pero inexorablemente, hará imposible sostener en un debate racional el discurso normalizador que soporta las prácticas institucionales monolingües.
El problema que queda por resolver es plantear un modelo lingüístico democrático que salvaguarde los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña en un plano de igualdad. Quizás la clave nos la proporcionen las declaraciones de la ONU y de la UNESCO sobre el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna y a emplearla normalmente sin «preferencias» en todas las relaciones publicas y privadas, allí donde existe una minoría lingüística demográficamente significativa. Quizás la experiencia de la política lingüística de la II República española, que quería asegurar una especie de bilingüismo simétrico, cuando el 80% de la población del Principado hablaba catalán, nos pueda proporcionar valiosas indicaciones para construir este modelo.
Notas:
l. ARENDT, Hannah. Los orígenes del totalitarismo, Alianza Editorial, Madrid: 1982.
2. VOLTAS, Eduard. La guerra de la llengua, Ed. Empúries, Barcelona: 1996.
3. BRANCHADELL, Albert. Liberalisme i Normalització Lingüística, Empúries: Barcelona, 1997.
4. HOBSBAWN, E.J. Naciones y nacionalismo desde 1870, Barcelona: Crítica, 1992.
5. VOLTAS. Op. cit.p. 127
6. ROYO, Jesús. Una llengua és un mercat, Edicions 62, Barcelona: 1991.
7. II Congrès de la Llengua Catalana, citado en Royo. Op. cit. p. 53.
8. FLAQUER, Lluis. El català ¿llengua pública o privada?, Empúries: Barcelona, 1996. p 28
9. ROYO, Op. cit. p. 54
10. ESPADA, Arcadi. Contra Catalunya, Ed. Flor del Vent: Barcelona, 1997.
11.Avui 5-11-97.
12. FLAQUER, Op. cit. p. 17.
13. BRANCHADELL, Albert. La normalitat improbable, Empúries, Barcelona, 1996. 14. El Foro Babel no está incluido, según me aclaró el autor, debido a que el libro estaba en prensa cuando aparecieron los manifestos.
15. BRANCHADELL Liberalisme i normalització, p. 98.
16. VOLTM, Op. cit.p. 66
17. PETRAS, James. «Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles», Ajoblanco, verano 1996.
Casi al mismo tiempo que se publicaba este diagnóstico pesimista, algo teñido de victimismo nacionalista, veía la luz la opera prima de Albert Branchadell: La normalitat improbable. Un libro imprescindible para el que quiera conocer los objetivos últimos de la política de Normalizació Lingüística (NL).
El joven filológo pretende llegar al fondo de la cuestión en el debate «entre els que sostenen que el català està amenaqat dextinció i els qui creuen que té la vida assegurada». Para ello es preciso realizar una clarificación terminológica y doctrinal. El problema esencial no es si «el català desapareixera o no, sinó més aviat si es normalitzarà o no, amb el benentès (bienentendido) que només (sólo) una normalització completa pot (puede) assegurar-li la supervivència».(13)
¿Qué quiere decir normalizar? ¿Cuál es el objetivo último de la normalización? Éstas son las cuestiones que el autor se propone dilucidar. Para ello es necesario operar una triple dis- tinción concep tual en torno a los tres objetivos de la normal ización: mínimo, débil y fuerte. Los dos primer os aseguran la preeminencia del catalán como « llengua propia de les institu- cions privades i públiques» y que todos los que lo deseen pued an «viure (vivir) en català». El tercero «es qu e a Catalunya tots els ciutadans visquin (vivan ) efectivament en català».
El significado de la vaporosa noción «viure en català» no es explicitado, aunque se intuye que se trata de que se pueda realizar una vida «normal» en el Principado sin tener que to- parse ni con prensa, películas, rótulos, carteles, etiquetas en castellano. Branchadell no se arredra ante las consecuencias lógicas de esta elección que «serien la desaparició duna comu- nitat lingüística a Catalunya». La presencia de esta comunidad es «laspecte que més sevita en els debats públics» y «una de les premisses de la política cultural catalana». Branchadell reconoce que esta comunidad tiene «uns drets lingüístics que shan de respectar», para añadir inmediatamente que la meta a alcanzar es una situación en la que «el català fos la llengua comuna de la població, en la qual no hi hagués (no hayan) ciutadans dexpressió castellana, ni per tant drets lingüístics individuals a respectar». El objetivo de la normalización es, pues, «el monolingüisme català», y en esto la Generalitat debería hablar claro. Su ambigüedad esta haciendo un daño enorme a los que luchan consecuentemente por el éxito de esta empresa. La solución de Branchadell implica
necesariamente «l'assimilació dels grups no catalanoparlants per mitja (por medio) dun proces que la sociolingüística anomena) (denomina) la substitució lingüística». La técnica educativa a emplear es la inmersión.
Desde estos presupuestos el filólogo se enfrenta, en la segunda parte del ensayo, a los problemas para conseguir el objetivo normalizador fuerte, que son fundamentalmente la falta de voluntad política explícita del gobierno autonómico y la indiferencia con que el conjunto de la población de Cataluña contempla «el procés de normalització». Estos escollos son tan formidables, concluye, que la normalización, en el sentido de monolingüe, es altamente improbable. El libro finaliza dejando dos inquietantes preguntas en el aire: «Fins a on volem arribar (hasta dónde queremos llegar) realment? Què estem disposats a fer (dispuestos a hacer) per aconseguir-ho?».
Contra la llengua pròpia Sin embargo, es el mismo Branchadell quien en su segundo ensayo, Liberalisme i Normalització Lingüística procede a desmontar, desde dentro, el andamiaje ideológico de este concepto. La finalidad del trabajo es conciliar el liberalismo, entendido como la filosofía político-moral imperante, con «el sistema lingüístico-escolar vigente» en Cataluña, del que se muestra totalmente partidario.
El problema reside en armonizar esta práctica educativa con las doctrinas de fi1ósofos liberales como, J. Rawls, R. Dworkin y W. Kymlicka e indagar si la política de Normaliza- ción Lingüística es conciliable con los grandes principios del liberalismo que Branchadell resume en: prioridad moral de los individuos («només els individus són subjectes de dret»), igualdad, autonomía y libertad.
Además, apoyándose en Dwkorkin, se desmenuza el concepto de «discriminación positiva» para establecer si este se adapta a la NL. La discriminación positiva, por definición in- terna, es transitoria. Se trata de la única excepción admitida por el liberalismo al principio de igualdad. Cuando las condiciones sociales y culturales de ciertos grupos sociales son de partida desiguales, los poderes públicos están obligados a implementar disposiciones normativas para reequilibrar esta posición discriminatoria de partida. Cuando la desigualdad haya desaparecido, también desaparecerán las medidas de discriminación positiva que son siempre transitorias. Ahora bien, la política lingüística de la Generalitat no es transitoria, sino permanente, no busca reequilibrar la situación desigual de partida del catalán sino el establecimiento definitivo del modelo monolingüe; por tanto, concluye Branchadell, la política de NL no puede ser contemplada como una aplicación específica de este principio liberal.
Branchadell reconstruye los argumentos de los detractores de la política lingüística de la Generalitat ejemplificados por Iván Tubau, Jiménez Losantos, Manuel Jardón, Miguel Pla- tón, el ABC, la Asociación por la Tolerancia y hasta la Real Academia Española». (14)
Estos argumentos se resumen en cuatro puntos:
-El sistema escolar vigente en Cataluña viola el derecho de elección de la enseñanza en la lengua materna del niño.
-La inmersión, desde el punto de vista psicológico y pedagógico, resulta perjudicial para los niños castellanoparlantes.
-La finalidad de la inmersión es la asimilación cultural.
-Los fundamentos ideológicos de la Normalización Lingüística: el concepto de llengua pròpia, que se apoya en unos supuestos «derechos colectivos» del pueblo catalán son inaceptables según el principio liberal de prioridad moral de los individuos y el de igualdad.
Branchadell da la razón a los críticos solo en el primero y cuarto punto.
Respecto a la primera cuestión, el pronunciamiento no puede ser mas claro: «Les persones que trien (escogen) el primer ensenyament en castellà són objecte dun tracte desigual que no es pot (no se puede) justificar amb largument que la llengua catalana, per la seva (por su) situació dinferioritat social, és objecte de discriminació positiva» (p. 136).
En el segundo punto, sobre si la inmersión es perjudicial para los niños, se despachan las opiniones de Maria Pla, catedrática de didáctica de la UB, la de Anna Permanyer, psicóloga infantil, y su colega Juan Miguel Pipó, arguyendo que sus puntos de vista no tienen ningún valor y no demuestran nada porque no están avalados por ningún estudio científico serio.
Segun Pla, «la inmersión es una barbaridad porque destruye el lenguaje afectivo del niño de habla castellana, porque obstaculiza el aprendizaje correcto de las dos lenguas y porque dificulta los conocimientos científicos que se han de obtener a esa edad». Permanyer: «los niños, en las escuelas con inmersión forzosa de Barcelona () han bajado sus coeficientes de RV y RA (razonamiento verbal y abstracto, respectivamente) hasta extremos alarmantes, debido a la obligación del uso del catalán exclusivamente», observación avalada por Pipó»(15).
En torno a esta delicada cuestión los contraargumentos de Branchadell, los estudios científicos reclamados y en los que se apoya para resaltar la inocuidad pedagógica de la inmer- sión, resultan ser los trabajos de los propios ingenieros de la inmersión, el SEDEC, comandados por Joaquim Arenas.
«Els homes i dones (mujeres) del SEDEC Formen part duna petita gran familia, i se senten units en el seu paper davantguarda en lextensió de lensenyament en català a tots els racons (rincones) del país, fins i tot els aparentment mes hostils des del punt de vista sociolingüístic. Són, des daquest punt de vista, la primera línia de batalla del procés de normalització lingüística. En expressió dun alt responsable de la conselleria: ells són a les trinxeres. (16)
Sería extraño que los máximos impulsores de un proyecto editasen informes contrarios al núcleo de su política.
El tercer punto, el relativo a que la inmersión es un instrumento para la asimilación cultural de los de «fuera», Branchadell despliega un ingenioso y muy documentado dispositivo jurídico, digno de mejor causa, para demostrar que los castellanoparlantes no son una mi- noria lingüística en Cataluña, i ni tienen ningún derecho a recibir la enseñanza en su lengua materna (???). Además, Constitución y Estatuto en mano, las leyes obligan a que el sistema de enseñanza asegure el conocimiento de las dos lenguas oficiales de todos los alumnos. Los adversarios de la normalización no deben buscar motivos inconfesables en la inmersión que, en ningún caso busca la asimilación cultural.
Aquí la crítica a Branchadell se articula en torno a dos ejes: primero, la típica confusión liberal entre formalidad (legalidad) y realidad social; que la ley salvaguarde unos derechos, como por ejemplo al trabajo, a la vivienda, a la enseñanza en lengua materna no quiere decir que los ciudadanos en la realidad social los disfruten efectivamente; segundo, la negación del objetivo asimilacionista de la inmersión se contradice, punto por punto, con sus propias conclusiones de su primer libro, La normalitat improbabe, donde, como hemos visto, se plantea el objetivo de la sustitución lingüística y la desaparición de la comunidad castellanoparlante: una descripción notable del proceso asimilador mismo. 0 Branchadell nos engaña en su primera obra o, ahora, descubriendo que estas tesis lo apartan definitivamente de los principios del liberalismo que reclama, prefiere instalarse en el ejercicio de una especie de doble pensar.
El efecto bumerán
La clave de estas contradicciones y el núcleo de su critica del concepto de llengua pròpia está en su análisis del peligroso proceso de reversibilidad que ha sufrido el uso nacionalista de conceptos como «lengua materna» o «diglosia» que, invocados en defensa del catalán, se vuelven en contra de sus defensores. Este efecto bumerang afectara tarde o temprano al concepto de llengua pròpia, con lo cual el pobre discurso ideológico de la Normalización se hundiría; por tanto deben buscarse en otra parte las claves de un discurso alternativo que justifique las prácticas institucionales vigentes.
Si la justificación del actual modelo monolingüe en enseñanza es que los niños catalanoparlantes aprendan en su lengua materna, un derecho humano reconocido por la ONU y la UNESCO, ¿por que los niños castellanoparlantes no han de disfrutar de estos mismos derechos?
Si el catalán sufrió un deliberado proceso de disglosia, para hacerlo desaparecer como lengua culta, si se intentó la sustitución lingüística, ¿no está sucediendo lo mismo con el castellano en todas las áreas de competencia de la Generalitat?
No es menos cierto que desde muchos sectores, desde el PP y el PSC hasta el mismo Angel Colom, están reclamando para el castellano el estatuto de lengua propia de Cataluña, cosa que de aceptarse «acabaria amb el (poc) discurs ideològic que justifica la normalització del català».
Frente a estas difíciles interrogaciones, Branchadell propone abandonar el paisaje conceptual nacionalista y, en particular, rechazar el concepto de llengua pròpia. La fundamenta- ción ideológica de la NL debe efectuarse desde otro horizonte teórico que permita la conciliación con los grandes principios éticos del liberalismo.
«El català no sha de normalitzar perquè sigui el nervi de la nació, sinó perquè és la llengua de 1individu, el motor de la normalització no hauria de ser la reconstrucció nacional (ni cap fita (ni ningún objetivo) patriòtica), sinó la protecció dels drets indiviudals dels catalans». El discurso debe reorientarse y la justificación de la NL ha de ser la consideración de los catalanoparlantes como una «minoría lingüística» dentro de España. Esta tesis se concilia perfectamente con el liberalismo y se ajusta a los criterios de la ONU y de la UNESCO. Además, esta argumentación permite un margen de maniobra política e ideológica suplementaria, para que si alguna vez gobiernan en la Generalitat Fuerzas no nacionalistas no se modifique por ello 1a actual política lingüística. El concepto de llengua pròpia o territorial es difícilmente aceptable para los no nacionalistas.
Ahora bien, la propuesta de Branchadell no consigue resolver algunas de las cuestiones fundamentales por el mismo planteadas. Según el autor, los castellanoparlantes en Catalu- ña no dispondrían de estos derechos porque formarían parte de un Estado y de una comunidad lingüística mayoritaria. Sólo si Cataluña fuese independiente, con un Estado propio, podrían los castellanoparlantes constituirse en minoría lingüística y reclamar sus derechos. Sin embargo, Branchadell reconoce que los alumnos que eligen la educación en castellano, y que han de pasar por el humillante tramite de la «enseñanza personalizada», padecen una situación de flagrante desigualdad que no es conciliable de ninguna manera con los principios liberales. Ni siquiera el modelo de Quebec es tan riguroso, pues aunque la única lengua oficial del territorio es el francés, la minoría anglófona (apenas 20% de la población) tiene el derecho a recibir la enseñanza en su lengua materna.
Un modelo lingüístico democrático
El concepto de lengua propia, superlegimitador ideológico de la política lingüístico-educativa vigente, no posee, desde el punto de vista de un análisis teórico mínimamente riguroso, ninguna fundamentación racional. De ahí la importancia del aviso de Branchadell: si se quiere justificar una política lingüística que vulnera los derechos de la mitad de la población del territorio, debe hallarse una justificación más sofisticada que el recurso al extraño concepto de Llengua pròpia, que además resulta incompatible con los principios de la mí- nima moralia liberal.
Las derivaciones ideológicas más palmarias de este concepto, como observa Jesús Royo, son muy peligrosas. Su certera traducción como la lengua de los propietarios del territorio se une a su uso como selector social. Las diferencias sociales son subrayadas por la lengua, que se constituye en una barrera cultural para la participación de la clase obrera en la vida pública, que queda reservada a los que hablan catalán. Si en la época de la gran emigración de los 60 se acunó la consigna: «catalán es el que vive y trabaja en Cataluña», una curiosa fórmula que deriva de la situación laboral, la ciudadanía plena, las altas tasas de paro y precariedad laboral actuales la han invalidado, pues ¿qué pasa con el que reside pero no en- cuentra trabajo en Cataluña? Quizás para sortear este escollo, y también para reservar ciertos puestos de trabajo para las clases medias autóctonas, parece querer imponerse la siguiente máxima «catalán es el que habla catalán». Ahora, con una enseñanza exclusivamente en catalán, no sirven las excusas del franquismo y quien no lo habla es porque no le da la gana. La situación social en el Principado, como mostró el sociólogo James Petras en su trabajo sobre el mercado laboral español»(17) realizado en el cinturón industrial de Barcelona, que presenta «los niveles de desempleo y paro juvenil más altos de Europa Occidental y Norteamerica», es el telón de fondo donde se desarrolla la normalización. Si a esto le unimos el elevado porcentaje de fracaso escolar que alcanza, en estos barrios, a mas del 30% de sus habitantes, se configura un escenario de exclusión social en el que la lengua propia aporta el ingrediente de la segregación cultural y alimenta un efecto perverso: los jóvenes desempleados de los barrios de la emigración, nacidos en Cataluña, se aferran a su lengua como uno de los pocos signos de identidad, y de hecho. practican una resistencia sorda y tenaz frente a la política asimilacionista de la Generalitat.
Para las clases medias autóctonas, la función de la lengua propia como signo superidentidario de la Nación les sumerge en un universo ideológico extremadamente conservador que a veces recuerda a los defensores de la nobleza de sangre (aquí de apellidos), anterior a la Revolución Francesa, que ciertos ideólogos del nacionalismo empiezan a ver como el origen de todos los males. Además proporciona un elemento de «radicalidad» en torno al objetivo de la Independencia política, que ejerce sobre la pequeña- burguesía una enorme fascinación, separando a estos estratos de cualquier alianza con la clase obrera, como ocurrió con el PSUC, pues ahora estos sectores son considerados por el nacionalismo como una especie de quinta columna del españolismo.
¿Cuánto tiempo podrá ser silenciado el carácter irracional y reaccionario del concepto de llengua pròpia, único legitimador de la política lingüística en vigor? No será un efecto inme- diato, sino mas bien retardado que, lenta pero inexorablemente, hará imposible sostener en un debate racional el discurso normalizador que soporta las prácticas institucionales monolingües.
El problema que queda por resolver es plantear un modelo lingüístico democrático que salvaguarde los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña en un plano de igualdad. Quizás la clave nos la proporcionen las declaraciones de la ONU y de la UNESCO sobre el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna y a emplearla normalmente sin «preferencias» en todas las relaciones publicas y privadas, allí donde existe una minoría lingüística demográficamente significativa. Quizás la experiencia de la política lingüística de la II República española, que quería asegurar una especie de bilingüismo simétrico, cuando el 80% de la población del Principado hablaba catalán, nos pueda proporcionar valiosas indicaciones para construir este modelo.
Notas:
l. ARENDT, Hannah. Los orígenes del totalitarismo, Alianza Editorial, Madrid: 1982.
2. VOLTAS, Eduard. La guerra de la llengua, Ed. Empúries, Barcelona: 1996.
3. BRANCHADELL, Albert. Liberalisme i Normalització Lingüística, Empúries: Barcelona, 1997.
4. HOBSBAWN, E.J. Naciones y nacionalismo desde 1870, Barcelona: Crítica, 1992.
5. VOLTAS. Op. cit.p. 127
6. ROYO, Jesús. Una llengua és un mercat, Edicions 62, Barcelona: 1991.
7. II Congrès de la Llengua Catalana, citado en Royo. Op. cit. p. 53.
8. FLAQUER, Lluis. El català ¿llengua pública o privada?, Empúries: Barcelona, 1996. p 28
9. ROYO, Op. cit. p. 54
10. ESPADA, Arcadi. Contra Catalunya, Ed. Flor del Vent: Barcelona, 1997.
11.Avui 5-11-97.
12. FLAQUER, Op. cit. p. 17.
13. BRANCHADELL, Albert. La normalitat improbable, Empúries, Barcelona, 1996. 14. El Foro Babel no está incluido, según me aclaró el autor, debido a que el libro estaba en prensa cuando aparecieron los manifestos.
15. BRANCHADELL Liberalisme i normalització, p. 98.
16. VOLTM, Op. cit.p. 66
17. PETRAS, James. «Padres-hijos. Dos generaciones de trabajadores españoles», Ajoblanco, verano 1996.
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