Antonio Santamaría: lengua propia, cultura impropia (1)
publicado en El Viejo Topo en mayo de 1998
reproducido en La Insignia en mayo de 2000
La primera formulación del concepto «lengua propia» se encuentra en el Estatut de Sau (1979), donde se enuncia que la lengua propia de Cataluña es el catalán. El preámbulo de la Llei de Normalització Lingüística de 1983 repite esta misma afirmación añadiendo genéricamente que la lengua propia «es una herramienta natural de comunicación, expresión y símbolo de una unidad cultural con profundas raíces históricas».
La flamante ley del catalán de 1997 es algo más explícita y refleja las presiones por parte de sectores de la intelectualidad nacionalista a CiU para desarrollar este concepto, clave de bóveda argumental del edificio teórico del discurso normalizador. El preámbulo de la polémica ley concluye con una definición sobre su objetivo central: diseñar «una política lingüística que ayude a normalizar eficazmente la lengua propia de Cataluña». El Artículo 2 de la citada ley, titulado La llengua pròpia, contiene el máximo desarrollo normativo del concepto. El punto primero de este artículo reza textualmente: «El catalán es la lengua propia de Cataluña y la singulariza como pueblo», y vuelve a la declaración del Estatuto, pero añade el matiz que la lengua propia es el elemento singularizador de los catalanes respecto al resto de pueblos del planeta. El segundo punto deduce directamente, sin ninguna mediación, que el catalán como lengua propia del país es: a) la lengua exclusiva de «totes les institucions de Catalunya», que pasan a ser detalladas (Generalitat, administración de la Generalitat, Ayuntamientos) y b) será la lengua usada preferentment en la administración del Estado en Cataluña y por las empresas y entidades que den servicios públicos. El tercer y último punto insiste en el compromiso de todas las instituciones por promover el uso de la lengua propia, «amb independencia del caràcter oficial del català i del castellà». Es decir, se recomienda que empleen únicamente la primera.
En el siguiente artículo, Les llengües oficials, se afirma contradictoriamente que, a pesar de lo expuesto arriba, las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) «poden ésser emprades indistintament en totes les activitas públiques i privades sense discrimicació», una argucia discursiva que permitirá presentarse a los defensores de la normalización como perfectos liberales.
La ley consagra, pues, la existencia de dos lenguas oficiales de las cuales sólo una es la propia del territorio, lo que le concede unos derechos históricos especiales. El problema a resolver, como se nos indica en el preámbulo, es «normalizar» la lengua propia. Normalizar quiere decir sustituir el uso social del castellano (la lengua impropia del país) que, a pesar de todo, sigue siendo lengua oficial, con una serie de garantías jurídico-formales a respetar.
La ley de usos lingüísticos consolida las áreas de monolingüismo conseguidas (Generalitat, Enseñanza), y quiere implantar el uso «preferente» del catalán en los ámbitos institucionales, así como en las administraciones de justicia, donde la lengua propia compite aún con la impropia. El planteamiento que subyace es que a toda Nación le corresponde en exclusiva la posesión de un territorio, un Estado, y una lengua y cultura propias. Dada la imposibilidad de obtener la soberanía política plena un Estado con sus fronteras reconocidas internacionalmente, al menos el tercer requisito de la tríada arendhtiana,(1) la lengua, debe cumplirse, y la le ngua propia del territorio debe ser la única oficial del país.
Génesis de un concepto
Para reconstruir la formación de este hallazgo teórico es preciso remitirse al libro del periodista Eduard Voltas La guerra de la llengua. Según este autor, en el II Congrès Internacional de la Llengua Catalana (1986) se produce «un punto de inflexión en el cuerpo doctrinal tradicional en materia lingüística» del nacionalismo. No sólo porque se acuñarán conceptos como el de «disponibilidad lingüística» sino porque por primera vez se diseña el proyecto de implantar el catalán como lengua prioritaria, exclusiva, del país, «de manera que las instituciones autonómicas y locales, como también las corporaciones profesionales, académicas y económicas, deben tener el catalán como única lengua de expresión oral y escrita, con exclusión, por tanto, de textos bilingües y sin perjudicar el derecho de opción lingüística del ciudadano. Se establece, por tanto, un criterio de propiedad: la lengua característica del territorio debe ser la lengua propia de las instituciones. Y eso vale para todas las instituciones».(2)
Estas elucubraciones del Congreso no pasaron desapercibidas, como prueba el enunciado del artículo 3.1. del Decreto 75/1992 del 9 de marzo, que implanta la inmersión lingüística: «El catalán como lengua propia de Cataluña lo es también de la enseñanza. Se utilizará normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje de la educación infantil, de la educación primaria, y la secundaria obligatoria.»
Una de las definiciones más ajustadas de las prestaciones ideológicas de este concepto la podemos hallar en este pasaje del filólogo Albert Branchadell: «el argumento central del discurso oficial de legitimación de la política de normalización lingüística que se aplica en Cataluña es que el catalán es la lengua propia de Cataluña. De esta condición se deriva la existencia de un derecho colectivo de los catanohablantes a la lengua propia del territorio, derecho que es considerado prioritario con respecto a los derechos individuales de la población castellanohablante».(3)
La importancia capital de la lengua propia como superlegitimador ideológico de la política de Normatització Lingüística de la Generalitat no se corresponde a su débil fundamentación teórica, como reconocen sus propios «inventores», en el sentido de Hobsbawm, del término(4). En el Manifest per al nou estatut social de la llengua catalana, más conocido como el manifesto de los trescientos cincuenta (abril 1997) donde se expresa con mayor clari dad el punto de vista nacionalista en estos temas se reconoce implícitamente esta debilidad argumental:
«habría que dar efectividad al con cepto de lengua propia, contraponiéndolo al de lengua oficial». La lengua propia, el catalán, ha de ser tratada legalmente como la llengua te rritorial, frente a la otra llengua oficial transitoria, el castellano, a la que sólo le corresponden «drets purament individuals». Se establece una conexión entre propiedad y oficialidad de carácter solapsista: el catalán debería ser la únic a lengua oficial porque es la única lengua propia del territorio.
La palmaria tautología fue expuesta en sus más crudos términos por uno de los impulsores del Manifiesto, el filósofo ]osep M. Terricabras, en una entrevista al semanario El Temps:
«Defensem Ioficialitat única perquè si un hom te (se tiene) present que la llengua pròpia és la catalana, trobarà (encontrará) normal que sigui la llengua oficial aquella que és pròpia».(5)
La lengua de los propietarios
Jesús Royo realiza una irónica primera aproximación etimológica a este es curridizo concepto y concluye que debe interpretarse como «la llengua duna gent determinada, que són e ls propietaris, la lengua en propietat, un patri moni per a us exclusiu». El autor sostiene que «el català no és una llengua pública: te uns pr opietaris legals» y un consell dadministracio, l Institut dEstudis Catalans».(6)
Esta contradicción entre el carácter público y privado de la lengua catalana es también tratado por Lluis Flaquer, cuyo ensayo El catalá, llengua pública o privada? intenta, desde una perspectiva sociológica, abordar este problema. En todo idioma debe distinguirse algo en que coinciden ambos una doble función «identificativa y comunicativa». El problema de la lengua catalana reside en su sobredimensión como el signo por excelencia de la identidad nacional. «Les llengues són signes didentitat dels pobles, i en els nostres Països encara més, perquè la llengua es el vincle (vínculo) de cohesió més clar i el factor de persistencia de la nostra comunitat històrica».(7) En el mismo sentido se posiciona Flaquer: «Mentre la majoria d el poble de Catalunya cregui (crea) que la identitat naciona l de Catalunya esta indissolublement unida a l a llengua i cultura pròpies, és difícil que el nos tre país pogués (pueda) continuar tenint una s igularitat col.lectiva si desaparegués el cultiu i conreu (cultivo y labrado) de la llengua».(8)
Royo se muestra implacable respecto a esta peligrosa utilización ideológica de la lengua, a esta sobredeterminación indentitaria de la lengua catalana: «Aquesta retórica sobre la llengua te uns continguts (contenidos) bàsicament convervadors: naturalesa, patrimoni, conservar, origens, arrels, terra. Sota (Bajo) aquest punt de mira, la llengua ha estat reivindicada per una certa burgesia com un element de cohesió nacional: la lluita per la llengua pot actuar dencobriment de la lluita de classes. La llengua pot actuar com un selector social i equival a un carnet de ciutadania. A lestranger, els obrers immigrants poden ser explotats impunement perquè no són ciutadans. Aquí, com que no tenim Estat i no repartim DNI, la llengua es un identificador equivalent. Pero la finalitat es la mateixa (misma): si no ets (eres) del país, no pots (puedes) aspirar a participar en el poder: tu poses (pones) el treball (trabajo) i nosaltres ladministrem» .(9)
Este mecanismo de «selector social» se revelará clave para comprender la operatividad normativa del concepto de llengua pròpia y ayuda a entender el sentido profundo de declaraciones como las del responsable de la federación de Barcelona del PSC, Antoni Santiburcio a La Vanguardia: «un inmigrante nunca podría llegar a ser alcalde de Barcelona».(10)
Normalizar
La interpretación patrimonialista, identidaria de la lengua, políticamente rentable a corto plazo, resulta muy peligrosa para la vigencia del catalán como lengua viva. La presión ideológica que soporta el catalanoparlante es enorme, su hablar debe estar perfectamente normalizado, limpiado de corrupciones, de impurezas, de castellanismos. En la conversación entre dos catalanes cultos existe la interferencia inconsciente de una tercera persona, esa adolescente rubia llamada Norma que nos recuerda las incorrecciones, los barbarismos, lo que esta mal dicho, y que nos obliga, como catalanes, a preservar la pureza virginal del idioma de nuestros padres.
El catalán, como observa atinadamente Royo, o se habla correctamente o no se habla, no existe el intermedio, un lógico charrupear en catalán, paso previo de todo aprendizaje de un lengua Esto sería objeto del más completo ridículo, como demuestra la figura cómica de LuisMi (personaje del programa del Jordi LP, Surti com Surti de TV3, un andaluz cerrado que chapurrea una especie de cataluz). Esta brutal presión normativa sobre la lengua catalana tiene sin duda efectos devastadores en literatura, Sólo mencionaremos las opiniones de Narcis Comadira: «Escriure en espanyol a Catalunya no és una cosa natural» y su presencia «dificulta la feina ( labor) del poeta que vol escriure (quiere escribir) en llengua catalana».(11)
Aquí nos interesa resaltar el vector normal-anormal, natural-antinatural en el cual se inscribe el concepto de llengua pròpia. Lo normal es que la lengua propia de Cataluña sea la que se utilice normalmente, por tanto no hablar la lengua propia de Cataluña no es normal; hablar en castellano es una anormalidad que se ha de corregir. La conexión entre lengua propia y normalidad es profunda y debe retenerse como uno de los elementos interpretativos fuertes.
Sociología del catalán
En esta cuestión Lluis Flaquer se muestra muy inquieto. Su ensayo, antes citado, se apoya en cien entrevistas en profundidad a barceloneses de todas las edades, sexos, origen social y que, agrupados en función de su lengua vehicular, responden a un cuestionario que gira en torno al uso social del catalán, lo que permite la aparición de un calidoscopio de los roles sociales y situaciones cotidianas en que se emplea una u otra lengua. «Els usos lingüístics estan fortament tenyits (teñidos) per connotacions de classe. No existeix cap ús social duna llengua que sigui enterament neutre o innocent».(12)
«Se pretende realizar una «sociología del lenguaje» y desentramar las re laciones de estos usos sociales con el conjunto de la estructura social. Su diagnostico sobre la salud del cata- lán es pesimista. Una lengua para ser realmente el idioma de una nación debe ser hablada por todas sus clases sociales, aunque cada una de ellas lo hable de un modo distinto; ahora bien, en el caso del catalán, su base social corre el peligro de verse restringida a las clases me- dias «escapçada (recortada) per les classes altes i baixes» y convertirse en una especie de neo- lengua pequeño-burguesa en peligro de extinción.
Flaquer cree que los esfuerzos de la Generalitat por ampliar la base social del catalán han fracasado, en la medida que su objetivo es conseguir el fenónemo conocido en socio- lingüística como la sustitución lingüística; es decir, que los castellanoparlantes dejen su lengua de origen o materna por el catalán en todas sus relaciones institucionales, sociales y personales. Las nuevas generaciones, con sobradas competencias en catalán, no abandonan el castellano como lengua vehicular. Saber catalán resulta una especie de habilidad técnica, como el inglés o la informática, que sirve para favorecer una cierta promoción social, pero que no genera ningún tipo de sentimiento de inclusión en una comunidad afectiva, simbólica, cultural, y que es percibida por amplios sectores de la población como una imposición.
Un mérito de este trabajo reside en detectar la contradicción entre el uso institucional y el uso social del idioma, en la calle y los mass-media. En el primer ámbito el catalán es la lengua exclusiva o preferente de las instituciones catalanas, mientras que, en el decisivo terreno de lo coditiano, el castellano no sólo no retrocede, sino que podría ir ganando posi- ciones. Esta dicotomía, en los usos sociales del catalán, pone en peligro su estatus de lengua «normal» del país y deviene una perversión específica del modelo lingüístico catalán. Un ejemplo, no citado por Flaquer, bastará para resaltar el peligro de esta escisión. Hablar en castellano, lo que es normal para el 50% de los catalanes en su vida coditidana, en su casa, en la calle, se convierte las raras veces que sucede en un escándalo político de primer orden en el Parlament de Catalunya, institución imaginaria de la soberanía de la Nación.
Flaquer cree que la política lingüística de la Generalitat sólo es justificable como un caso de «discriminación positiva» después de la represión franquista. Con el tiempo esta justificación se desvanecerá. Así las cosas, al sociólogo sólo le queda el recurso de apelar a la voluntad, a la subjetividad moral de los catalanoparlantes. La supervivencia de la lengua es su responsabilidad personal, y no deben delegarla en las campañas institucionales sino que deben deshacerse de la apatía y luchar por la lengua en la vida coditiana, si no el catalán se hundirá irremisiblemente bajo la potencia de los mass media de expresión castellana.
reproducido en La Insignia en mayo de 2000
La primera formulación del concepto «lengua propia» se encuentra en el Estatut de Sau (1979), donde se enuncia que la lengua propia de Cataluña es el catalán. El preámbulo de la Llei de Normalització Lingüística de 1983 repite esta misma afirmación añadiendo genéricamente que la lengua propia «es una herramienta natural de comunicación, expresión y símbolo de una unidad cultural con profundas raíces históricas».
La flamante ley del catalán de 1997 es algo más explícita y refleja las presiones por parte de sectores de la intelectualidad nacionalista a CiU para desarrollar este concepto, clave de bóveda argumental del edificio teórico del discurso normalizador. El preámbulo de la polémica ley concluye con una definición sobre su objetivo central: diseñar «una política lingüística que ayude a normalizar eficazmente la lengua propia de Cataluña». El Artículo 2 de la citada ley, titulado La llengua pròpia, contiene el máximo desarrollo normativo del concepto. El punto primero de este artículo reza textualmente: «El catalán es la lengua propia de Cataluña y la singulariza como pueblo», y vuelve a la declaración del Estatuto, pero añade el matiz que la lengua propia es el elemento singularizador de los catalanes respecto al resto de pueblos del planeta. El segundo punto deduce directamente, sin ninguna mediación, que el catalán como lengua propia del país es: a) la lengua exclusiva de «totes les institucions de Catalunya», que pasan a ser detalladas (Generalitat, administración de la Generalitat, Ayuntamientos) y b) será la lengua usada preferentment en la administración del Estado en Cataluña y por las empresas y entidades que den servicios públicos. El tercer y último punto insiste en el compromiso de todas las instituciones por promover el uso de la lengua propia, «amb independencia del caràcter oficial del català i del castellà». Es decir, se recomienda que empleen únicamente la primera.
En el siguiente artículo, Les llengües oficials, se afirma contradictoriamente que, a pesar de lo expuesto arriba, las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) «poden ésser emprades indistintament en totes les activitas públiques i privades sense discrimicació», una argucia discursiva que permitirá presentarse a los defensores de la normalización como perfectos liberales.
La ley consagra, pues, la existencia de dos lenguas oficiales de las cuales sólo una es la propia del territorio, lo que le concede unos derechos históricos especiales. El problema a resolver, como se nos indica en el preámbulo, es «normalizar» la lengua propia. Normalizar quiere decir sustituir el uso social del castellano (la lengua impropia del país) que, a pesar de todo, sigue siendo lengua oficial, con una serie de garantías jurídico-formales a respetar.
La ley de usos lingüísticos consolida las áreas de monolingüismo conseguidas (Generalitat, Enseñanza), y quiere implantar el uso «preferente» del catalán en los ámbitos institucionales, así como en las administraciones de justicia, donde la lengua propia compite aún con la impropia. El planteamiento que subyace es que a toda Nación le corresponde en exclusiva la posesión de un territorio, un Estado, y una lengua y cultura propias. Dada la imposibilidad de obtener la soberanía política plena un Estado con sus fronteras reconocidas internacionalmente, al menos el tercer requisito de la tríada arendhtiana,(1) la lengua, debe cumplirse, y la le ngua propia del territorio debe ser la única oficial del país.
Génesis de un concepto
Para reconstruir la formación de este hallazgo teórico es preciso remitirse al libro del periodista Eduard Voltas La guerra de la llengua. Según este autor, en el II Congrès Internacional de la Llengua Catalana (1986) se produce «un punto de inflexión en el cuerpo doctrinal tradicional en materia lingüística» del nacionalismo. No sólo porque se acuñarán conceptos como el de «disponibilidad lingüística» sino porque por primera vez se diseña el proyecto de implantar el catalán como lengua prioritaria, exclusiva, del país, «de manera que las instituciones autonómicas y locales, como también las corporaciones profesionales, académicas y económicas, deben tener el catalán como única lengua de expresión oral y escrita, con exclusión, por tanto, de textos bilingües y sin perjudicar el derecho de opción lingüística del ciudadano. Se establece, por tanto, un criterio de propiedad: la lengua característica del territorio debe ser la lengua propia de las instituciones. Y eso vale para todas las instituciones».(2)
Estas elucubraciones del Congreso no pasaron desapercibidas, como prueba el enunciado del artículo 3.1. del Decreto 75/1992 del 9 de marzo, que implanta la inmersión lingüística: «El catalán como lengua propia de Cataluña lo es también de la enseñanza. Se utilizará normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje de la educación infantil, de la educación primaria, y la secundaria obligatoria.»
Una de las definiciones más ajustadas de las prestaciones ideológicas de este concepto la podemos hallar en este pasaje del filólogo Albert Branchadell: «el argumento central del discurso oficial de legitimación de la política de normalización lingüística que se aplica en Cataluña es que el catalán es la lengua propia de Cataluña. De esta condición se deriva la existencia de un derecho colectivo de los catanohablantes a la lengua propia del territorio, derecho que es considerado prioritario con respecto a los derechos individuales de la población castellanohablante».(3)
La importancia capital de la lengua propia como superlegitimador ideológico de la política de Normatització Lingüística de la Generalitat no se corresponde a su débil fundamentación teórica, como reconocen sus propios «inventores», en el sentido de Hobsbawm, del término(4). En el Manifest per al nou estatut social de la llengua catalana, más conocido como el manifesto de los trescientos cincuenta (abril 1997) donde se expresa con mayor clari dad el punto de vista nacionalista en estos temas se reconoce implícitamente esta debilidad argumental:
«habría que dar efectividad al con cepto de lengua propia, contraponiéndolo al de lengua oficial». La lengua propia, el catalán, ha de ser tratada legalmente como la llengua te rritorial, frente a la otra llengua oficial transitoria, el castellano, a la que sólo le corresponden «drets purament individuals». Se establece una conexión entre propiedad y oficialidad de carácter solapsista: el catalán debería ser la únic a lengua oficial porque es la única lengua propia del territorio.
La palmaria tautología fue expuesta en sus más crudos términos por uno de los impulsores del Manifiesto, el filósofo ]osep M. Terricabras, en una entrevista al semanario El Temps:
«Defensem Ioficialitat única perquè si un hom te (se tiene) present que la llengua pròpia és la catalana, trobarà (encontrará) normal que sigui la llengua oficial aquella que és pròpia».(5)
La lengua de los propietarios
Jesús Royo realiza una irónica primera aproximación etimológica a este es curridizo concepto y concluye que debe interpretarse como «la llengua duna gent determinada, que són e ls propietaris, la lengua en propietat, un patri moni per a us exclusiu». El autor sostiene que «el català no és una llengua pública: te uns pr opietaris legals» y un consell dadministracio, l Institut dEstudis Catalans».(6)
Esta contradicción entre el carácter público y privado de la lengua catalana es también tratado por Lluis Flaquer, cuyo ensayo El catalá, llengua pública o privada? intenta, desde una perspectiva sociológica, abordar este problema. En todo idioma debe distinguirse algo en que coinciden ambos una doble función «identificativa y comunicativa». El problema de la lengua catalana reside en su sobredimensión como el signo por excelencia de la identidad nacional. «Les llengues són signes didentitat dels pobles, i en els nostres Països encara més, perquè la llengua es el vincle (vínculo) de cohesió més clar i el factor de persistencia de la nostra comunitat històrica».(7) En el mismo sentido se posiciona Flaquer: «Mentre la majoria d el poble de Catalunya cregui (crea) que la identitat naciona l de Catalunya esta indissolublement unida a l a llengua i cultura pròpies, és difícil que el nos tre país pogués (pueda) continuar tenint una s igularitat col.lectiva si desaparegués el cultiu i conreu (cultivo y labrado) de la llengua».(8)
Royo se muestra implacable respecto a esta peligrosa utilización ideológica de la lengua, a esta sobredeterminación indentitaria de la lengua catalana: «Aquesta retórica sobre la llengua te uns continguts (contenidos) bàsicament convervadors: naturalesa, patrimoni, conservar, origens, arrels, terra. Sota (Bajo) aquest punt de mira, la llengua ha estat reivindicada per una certa burgesia com un element de cohesió nacional: la lluita per la llengua pot actuar dencobriment de la lluita de classes. La llengua pot actuar com un selector social i equival a un carnet de ciutadania. A lestranger, els obrers immigrants poden ser explotats impunement perquè no són ciutadans. Aquí, com que no tenim Estat i no repartim DNI, la llengua es un identificador equivalent. Pero la finalitat es la mateixa (misma): si no ets (eres) del país, no pots (puedes) aspirar a participar en el poder: tu poses (pones) el treball (trabajo) i nosaltres ladministrem» .(9)
Este mecanismo de «selector social» se revelará clave para comprender la operatividad normativa del concepto de llengua pròpia y ayuda a entender el sentido profundo de declaraciones como las del responsable de la federación de Barcelona del PSC, Antoni Santiburcio a La Vanguardia: «un inmigrante nunca podría llegar a ser alcalde de Barcelona».(10)
Normalizar
La interpretación patrimonialista, identidaria de la lengua, políticamente rentable a corto plazo, resulta muy peligrosa para la vigencia del catalán como lengua viva. La presión ideológica que soporta el catalanoparlante es enorme, su hablar debe estar perfectamente normalizado, limpiado de corrupciones, de impurezas, de castellanismos. En la conversación entre dos catalanes cultos existe la interferencia inconsciente de una tercera persona, esa adolescente rubia llamada Norma que nos recuerda las incorrecciones, los barbarismos, lo que esta mal dicho, y que nos obliga, como catalanes, a preservar la pureza virginal del idioma de nuestros padres.
El catalán, como observa atinadamente Royo, o se habla correctamente o no se habla, no existe el intermedio, un lógico charrupear en catalán, paso previo de todo aprendizaje de un lengua Esto sería objeto del más completo ridículo, como demuestra la figura cómica de LuisMi (personaje del programa del Jordi LP, Surti com Surti de TV3, un andaluz cerrado que chapurrea una especie de cataluz). Esta brutal presión normativa sobre la lengua catalana tiene sin duda efectos devastadores en literatura, Sólo mencionaremos las opiniones de Narcis Comadira: «Escriure en espanyol a Catalunya no és una cosa natural» y su presencia «dificulta la feina ( labor) del poeta que vol escriure (quiere escribir) en llengua catalana».(11)
Aquí nos interesa resaltar el vector normal-anormal, natural-antinatural en el cual se inscribe el concepto de llengua pròpia. Lo normal es que la lengua propia de Cataluña sea la que se utilice normalmente, por tanto no hablar la lengua propia de Cataluña no es normal; hablar en castellano es una anormalidad que se ha de corregir. La conexión entre lengua propia y normalidad es profunda y debe retenerse como uno de los elementos interpretativos fuertes.
Sociología del catalán
En esta cuestión Lluis Flaquer se muestra muy inquieto. Su ensayo, antes citado, se apoya en cien entrevistas en profundidad a barceloneses de todas las edades, sexos, origen social y que, agrupados en función de su lengua vehicular, responden a un cuestionario que gira en torno al uso social del catalán, lo que permite la aparición de un calidoscopio de los roles sociales y situaciones cotidianas en que se emplea una u otra lengua. «Els usos lingüístics estan fortament tenyits (teñidos) per connotacions de classe. No existeix cap ús social duna llengua que sigui enterament neutre o innocent».(12)
«Se pretende realizar una «sociología del lenguaje» y desentramar las re laciones de estos usos sociales con el conjunto de la estructura social. Su diagnostico sobre la salud del cata- lán es pesimista. Una lengua para ser realmente el idioma de una nación debe ser hablada por todas sus clases sociales, aunque cada una de ellas lo hable de un modo distinto; ahora bien, en el caso del catalán, su base social corre el peligro de verse restringida a las clases me- dias «escapçada (recortada) per les classes altes i baixes» y convertirse en una especie de neo- lengua pequeño-burguesa en peligro de extinción.
Flaquer cree que los esfuerzos de la Generalitat por ampliar la base social del catalán han fracasado, en la medida que su objetivo es conseguir el fenónemo conocido en socio- lingüística como la sustitución lingüística; es decir, que los castellanoparlantes dejen su lengua de origen o materna por el catalán en todas sus relaciones institucionales, sociales y personales. Las nuevas generaciones, con sobradas competencias en catalán, no abandonan el castellano como lengua vehicular. Saber catalán resulta una especie de habilidad técnica, como el inglés o la informática, que sirve para favorecer una cierta promoción social, pero que no genera ningún tipo de sentimiento de inclusión en una comunidad afectiva, simbólica, cultural, y que es percibida por amplios sectores de la población como una imposición.
Un mérito de este trabajo reside en detectar la contradicción entre el uso institucional y el uso social del idioma, en la calle y los mass-media. En el primer ámbito el catalán es la lengua exclusiva o preferente de las instituciones catalanas, mientras que, en el decisivo terreno de lo coditiano, el castellano no sólo no retrocede, sino que podría ir ganando posi- ciones. Esta dicotomía, en los usos sociales del catalán, pone en peligro su estatus de lengua «normal» del país y deviene una perversión específica del modelo lingüístico catalán. Un ejemplo, no citado por Flaquer, bastará para resaltar el peligro de esta escisión. Hablar en castellano, lo que es normal para el 50% de los catalanes en su vida coditidana, en su casa, en la calle, se convierte las raras veces que sucede en un escándalo político de primer orden en el Parlament de Catalunya, institución imaginaria de la soberanía de la Nación.
Flaquer cree que la política lingüística de la Generalitat sólo es justificable como un caso de «discriminación positiva» después de la represión franquista. Con el tiempo esta justificación se desvanecerá. Así las cosas, al sociólogo sólo le queda el recurso de apelar a la voluntad, a la subjetividad moral de los catalanoparlantes. La supervivencia de la lengua es su responsabilidad personal, y no deben delegarla en las campañas institucionales sino que deben deshacerse de la apatía y luchar por la lengua en la vida coditiana, si no el catalán se hundirá irremisiblemente bajo la potencia de los mass media de expresión castellana.
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